El grano y la paja se confunden estos días con motivo del
‘caso Feval’. La paja tiene mucho que ver con el ruido que emana de esa guerra
de guerrillas que PP y PSOE tienen entablada desde hace dos años a cuento de la
trama irregular descubierta en la principal institución ferial de Extremadura.
El grano está comenzando a emerger de forma más nítida gracias a la
investigación del juzgado número 3 de Don Benito.
Tras la detención, la toma de declaración en el juzgado y la puesta en libertad sin fianza de la cúpula de Feval en la última
etapa socialista, integrada por José Luis Viñuela, José Villa y Juan Cerrato,
director general, subdirector y administrador de la entidad, respectivamente,
la instrucción del caso ha recibido un impulso decisivo. Aún se desconoce en
qué sentido. No es extraño que los tres estén durmiendo en casa, dada la
naturaleza de las irregularidades que se investigan y el escaso riesgo de fuga. Pese a ello, los cargos se mantienen, se les ha retirado
el pasaporte, deberán comparecer en el juzgado cada quince días y han tenido
que abonar 180.000 euros entre los tres para hacer frente a posibles
indemnizaciones, daños o perjuicios.
Los presuntos delitos que se dirimen representan más un
fraude y una traición a la ciudadanía que una actuación puramente criminal. No
en vano, apuntan todos en una misma dirección: apropiación indebida, delitos
contables, negociaciones ilegales, falsedad y prevaricación. Conclusión: se
habría malversado dinero de todos los extremeños en unos años -2008 y 2009- en los que, para
más inri, la crisis azotaba ya a miles de hogares.
Cabe preguntarse, en buena lógica, qué papel jugaron en todo
esto los representantes del PSOE y el PP en la junta rectora de Feval, que eran
y son quienes deben velar por el buen uso de los fondos públicos en esta
institución. ¿Iban a las reuniones a cubrir el expediente, echarse unas risas,
comer juntos y cobrar unas dietas? ¿Era muy listo Viñuela y ellos muy tontos? ¿Exigieron alguna vez que se rindieran cuentas en profundidad? ¿Miraban a otro lado a sabiendas? Los miembros de la Junta, las dos
Diputaciones y el Ayuntamiento de Don Benito que se sientan en el ente rector
debían fiscalizar a la dirección, pero fallaron. ¿Y qué hizo al respecto el
entonces presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara? En definitiva, él era
el responsable de que Viñuela -alcalde de Don Benito de 1987 a 1991 y diputado socialista
en la Asamblea de 1995 a 2011- dirigiera
Feval y de que la número dos de la Junta, Dolores Aguilar, fuese la máxima
responsable del Gobierno extremeño en el órgano rector.
Tengo a Vara por un hombre honrado y de palabra, pero mi
impresión es que si, como declaró en la comisión de investigación del
Parlamento regional, desconocía lo que ocurría en la entidad hasta que un anónimo
le puso en alerta en el verano del 2010, la única conclusión posible es que él
y su gobierno incurrieron en una dejaciones de funciones alarmante durante al
menos dos años a la hora de controlar la madre de todas las instituciones
feriales de nuestra comunidad.
Es cierto que fue Vara quien encargó a la
Intervención de la Junta la primera auditoría que desveló irregularidades. Y también es cierto que
fue una junta rectora presidida por el PSOE la que tomó la decisión, en julio
de 2011, de suspender de funciones a Viñuela, Villa y Cerrato (serían despedidos en septiembre de ese mismo año). Pero esto no puede ocultar
esos dos años -2008 y 2009- en los que el descontrol campó a sus anchas en
Feval.
Volviendo al cogollo de la trama, a día de hoy, lo único
probado –y no es poco- es que durante la etapa de Viñuela -concretamente en los
años 2008 y 2009- se realizaron contrataciones directas de servicios y obras
violando la Ley de Contratos del Sector Público, se fraccionaron contratos para
poder adjudicarlos a dedo, se adjudicaron irregularmente cursos de formación
encomendados por el Sexpe y se falseó la contabilidad oficial.
No se trata de jugar a ser juez. Digo probado, no porque lo confirmara la completa
auditoría externa que realizó la empresa ATD Auditores Sector Público en Feval
(de fecha 29 de julio de 2011), sino porque lo ha refrendado un magistrado, aunque
algunos parezcan haberlo olvidado. Quince son las irregularidades principales
que han quedado acreditadas. Las cuatro antes citadas tienen especial
trascendencia en estos momentos por cuanto fueron declaradas probadas por el
Juzgado de lo Social número 4 de Badajoz en su sentencia de 24 de abril de 2012 (se puede consultar en este enlace: http://servicios.hoy.es/datos/documentos/feval-sentencia-156.pdf).
Conviene recordar esto porque no hay que confundir la presunción de inocencia
de los encausados en el proceso judicial actualmente abierto, con las
evidencias y las pruebas de las irregularidades ya demostradas. Sólo falta que
el tribunal dombenitense que instruye el caso les ponga ahora nombre de delito…
o no.
El juez de lo social José Antonio Hernández Redondo es el
único que, hasta la fecha, ha dictaminado judicialmente sobre lo ocurrido en
Feval. En la sentencia en la que consideraba procedente el despido de Viñuela
fue más allá de lo meramente laboral y entró en el fondo del asunto. El magistrado falló que Viñuela dirigía el ente “contraviniendo las disposiciones legales y los estatutos de la institución”.
En el apartado de hechos probados, cita que durante el mandato de este director
general se cometieron al menos cuatro ilegalidades:
1. Se llevaron a cabo contrataciones directas, eludiendo los
procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, a los
que Feval está sometida. La legislación indica que los contratos que superen
los 18.000 euros se deben sacar a concurso para su adjudicación. Y esto no se
hizo en al menos cuatro ocasiones en Feval, Concretamente, los contratos a dedo
fueron para las empresas Clece (limpieza), Gallegos Martín 21 (montaje de
stands de feria), Amagosa y Distribución y Logística.
2. Se fraccionaron contratos para adjudicarlos en función de
la empresa elegida para prestar el servicio y no en función de la mejor
oferta. Las beneficiarias fueron las
empresas Everis Spain, Fernando Panizo y José Manuel Viñuela. En el primer
caso, por ejemplo, se hicieron a Everis tres contratos el mismo día, el 23 de
septiembre de 2009, referidos al diseño del plan de negocio del Centro de
Emprendimiento de TIC de Feval. Los tres contratos son de la misma naturaleza,
tienen el mismo objeto y se fraccionaron al único efecto de no superar el
umbral establecido por la ley.
3. De la misma forma, se fraccionaron los contratos de seis
cursos que gestionó Feval por encargo del Sexpe para concederlos a dedo a tres
empresas. Novis, Instituto de Educación en Técnicas Comerciales e Instituto de
Formación Online.
4. Existían irregularidades contables en la entidad. En
concreto, se modificaron artificialmente asientos contables de la sección de
hostelería de Feval para hacer que cuadrara la caja. Se hizo desaparecer de la
contabilidad la facturación realizada en la cafetería durante el Salón del Vino
y la Aceituna del 2007: 11.340 euros. En el caso de las bodas celebradas en
Feval en 2008 y 2009, se eliminó de la contabilidad el asiento de la venta y
del cobro, de manera que no queda rastro de la operación realizada. El montante
roza los 60.000 euros. Lo mismo se hizo con los ingresos por venta de tabaco en
las instalaciones: 4.482 euros.
El juzgado de lo social sólo debía dirimir si era procedente
o no el despido de Viñuela, Villa y Cerrato, pero, como vemos, para llegar a la
sentencia debió analizar y llegar a conclusiones contundentes sobre la documentación para que ahora están en manos
de su compañera del juzgado de instrucción de Don Benito, Lourdes Barroso.
La auditoría externa realizada para la Junta por ATD es el
otro elemento de juicio importante en esta trama. En ella se fiscalizan los
años 2008 y 2009 y se detectan numerosas irregularidades. Al margen de las
cuatro que el juzgado de lo social consideró probadas, hay otras once
especialmente graves por cuanto desvelan un descontrol absoluto en una entidad
financiada con dinero público. Son éstas:
1. La caja del dinero en metálico en Feval
registraba un movimiento importante, en torno a los 400.000 euros cada año, y
pese a ello no existía un procedimiento de uso, ni estaba
determinado qué persona debía realizar los arqueos y la supervisión.
2. Había gastos de viajes sin justificar o justificados
insuficientemente por importe de 101.657 euros en 2008 y de 93.203 euros en
2009. Había viajes justificados en una simple hoja escrita a mano, sin que
constara el motivo del desplazamiento y sin supervisión de un superior. La
falta de justificación no solo se observaba en los pagos por viajes, sino en
pagos extraordinarios de los que no se decía el motivo. Se constataban, además,
varios casos de facturas sin fecha de emisión.
3. Los gastos de kilometraje se dispararon un 80% entre 2008
y 2009.
4. Los pagos individuales en metálico eran desmesurados,
superiores a 2.000 euros en ocasiones. Por ello, los auditores recomendaban que
se utilizaran los bancos como medio de pago en lugar del dinero en metálico.
5. Se concedieron anticipos en metálico a los trabajadores
sin que existiera un procedimiento reglado sobre este tipo de pagos.
6. No existía un control estricto de las nóminas, al no
estar debidamente selladas y firmadas.
7. El director general percibió en 2009 algo más de 81.000
euros de sueldo, un 8% más de lo que hubiera cobrado en un puesto similar en la
Junta.
8. Viñuela había cobrado de Feval, al margen de su salario y
sin justificación, 21.209 euros a fecha 31 de diciembre de 2010. El ex director
no devolvió el dinero hasta 2012, cuando el escándalo ya había estallado.
9. Viñuela, Villa y Cerrato cobraban en concepto de
'relaciones públicas', sin que la junta rectora tuviera conocimiento. Y lo que
es más grave, era dinero negro, al margen, por tanto, del control de la
Seguridad Social y Hacienda.
10. Falta de control y transparencia en los procedimientos
para contratar el personal. No existían fórmulas que garantizaran que los
contratos se hacían de acuerdo con las normas de objetividad, mérito y
capacidad que se exige en las entidades públicas. Tampoco se guardaba la
documentación que acreditara cómo se habían realizado las contrataciones.
11. Se vendió tabaco de forma ilegal al menos durante los
dos años auditados y los importes se contabilizan en una caja B.
A la vista de todas estas claves, una cosa sí es segura, el
caso Feval debe marcar un antes y un después en el control de las
administraciones públicas sobre sus instituciones dependientes. Basta de juntas
rectoras de paja. Viñuela, con sus buenos comienzos, sus sueños de grandeza
posteriores y su dirección personalista, prepotente, oscura y a menudo
clientelista en su etapa final, es el ejemplo de la deriva que puede tomar la
gestión de organismos públicos o semipúblicos si no se fiscalizan debidamente.
Seguramente, Viñuela es responsable de muchos logros de la institución ferial durante
sus tres décadas de vinculación a ella, pero la realidad es que pasará a la
historia por ordenar construir, en mitad de una crisis galopante, un jacuzzi, un
pequeño spa y una pista de pádel que luego nadie utilizó. ¿Cabe un legado más
obsceno y absurdo?
Por ello, independientemente de la decisión que adopte el
juzgado de Don Benito, sería bueno que nuestros gobernantes tomaran nota de lo
ocurrido para evitar que se repita. Los extremeños decentes lo merecen.
